La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia reciente. A las investigaciones abiertas sobre la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la antigua DGAIA, ahora rebautizada como Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, se suma un informe de la Sindicatura de Comptes que cifra en 167,5 millones de euros los pagos indebidos realizados entre 2016 y 2024, una cantidad que ha provocado una fuerte polémica política y social.

La situación ha llevado incluso a ciudadanos y periodistas a presentar denuncias ante la Fiscalía. Entre ellos se encuentra el periodista Xavier Rius, que denunció los hechos aportando abundante documentación y cuestionando que, pese a la magnitud de las cifras, todavía no se hayan depurado responsabilidades políticas ni administrativas.

Según la Sindicatura de Comptes, el volumen de pagos indebidos detectados asciende a al menos 167,56 millones de euros, de los cuales más de 7 millones ya no podrían recuperarse por haber prescrito. El organismo fiscalizador señala graves deficiencias en los mecanismos de control, seguimiento y supervisión de numerosas prestaciones sociales gestionadas por el departamento.

Los informes apuntan a irregularidades que afectan a diferentes ayudas públicas, entre ellas prestaciones de dependencia, pensiones no contributivas, renta garantizada y ayudas vinculadas a jóvenes extutelados. La propia Sindicatura ha advertido de que la cifra podría ser incluso superior, ya que todavía quedarían miles de expedientes pendientes de revisión.

La controversia no se limita únicamente a los pagos indebidos. La Oficina Antifraude de Catalunya mantiene abiertas investigaciones sobre posibles irregularidades en la concesión y control de ayudas destinadas a jóvenes extutelados, especialmente a través de entidades colaboradoras encargadas de gestionar estas prestaciones.

A ello se suma que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para analizar si existieron conductas que pudieran constituir delito en la gestión de estas ayudas. La investigación pretende determinar si hubo simples fallos administrativos o si, por el contrario, existió una actuación que pudiera derivar en responsabilidades penales.

Diversas informaciones también han puesto el foco sobre supuestas plazas fantasma en pisos tutelados, ayudas que continuaban percibiéndose pese a cambios en la situación económica de los beneficiarios y posibles deficiencias en la supervisión de entidades externas.

La crisis de la DGAIA no nace únicamente de las investigaciones económicas. Durante los últimos años se han acumulado episodios que han deteriorado gravemente la imagen del organismo encargado de la protección de menores en Cataluña.

Entre ellos destacan las investigaciones sobre contrataciones de emergencia sin suficiente cobertura documental, la externalización masiva de servicios, la falta de coordinación entre administraciones y diversos casos relacionados con menores tutelados que han generado una enorme alarma social.

La situación alcanzó tal nivel de desgaste que el Govern de Salvador Illa decidió suprimir formalmente la DGAIA y sustituirla por una nueva estructura administrativa. La consellera Mònica Martínez Bravo presentó la medida como una refundación profunda del sistema de protección a la infancia.

Sin embargo, para muchos sectores críticos, el cambio de nombre no resuelve las dudas de fondo. La desaparición de la marca DGAIA y la creación de la DGPPIA han sido interpretadas como una operación de reorganización administrativa que todavía no ha aclarado qué ocurrió con los expedientes bajo sospecha ni quién asumirá las posibles responsabilidades derivadas de las investigaciones.

Además, la controversia afecta a varias etapas políticas y a responsables de diferentes gobiernos de la Generalitat, lo que ha convertido el caso en uno de los asuntos más sensibles de la legislatura. Exconsellers, antiguos altos cargos y responsables de la gestión de la DGAIA han comparecido o han sido señalados en distintos informes y comisiones parlamentarias relacionadas con estas investigaciones.

Mientras la Generalitat defiende que está impulsando una transformación profunda del sistema de protección a la infancia y reforzando los mecanismos de control, las investigaciones continúan avanzando y la presión política no disminuye.

La gran incógnita sigue siendo si las conclusiones de Fiscalía, Antifraude y los organismos fiscalizadores acabarán derivando en responsabilidades concretas o si la polémica terminará diluyéndose tras la refundación administrativa de la antigua DGAIA. Lo que sí parece evidente es que la Conselleria de Derechos Sociales se enfrenta a una de las mayores crisis de credibilidad de los últimos años, con millones de euros bajo sospecha y numerosas preguntas todavía sin respuesta.

Fuente: GIRONANOTICIES.COM