La regulación de la inteligencia artificial entra en una nueva etapa en España. El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta el marco nacional al reglamento europeo y contempla sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para las infracciones más graves. La norma, sin embargo, todavía no está aprobada: actualmente continúa su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Mientras avanza este proceso, parte de las obligaciones del IA Act europeo ya resultan aplicables. Una de las más relevantes para las empresas es la alfabetización en inteligencia artificial prevista en su artículo 4, aplicable desde el 2 de febrero de 2025.

La formación en IA ya es una obligación

El artículo 4 establece que los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA deben adoptar medidas para favorecer la alfabetización en esta tecnología entre el personal y otras personas que operen estos sistemas en su nombre. Para ello deben considerarse aspectos como sus conocimientos técnicos, experiencia, educación y formación, además del contexto en el que se utiliza la IA.

Esto introduce un matiz importante frente a una de las interpretaciones más habituales del AI Act: impartir el mismo curso genérico a toda la plantilla no garantiza por sí solo el cumplimiento. La formación debe plantearse atendiendo al perfil de quienes utilizan los sistemas y a las circunstancias concretas de uso.

El 2 de agosto de 2026 no marca la entrada en vigor

Otra confusión frecuente afecta a las fechas. El Reglamento europeo entró en vigor en agosto de 2024 y establece un calendario de aplicación progresiva. Desde el 2 de agosto de 2026, las autoridades nacionales de vigilancia del mercado comienzan a supervisar y hacer cumplir específicamente las obligaciones del artículo 4.

En España, el proyecto legislativo aprobado por el Gobierno identifica las autoridades responsables de la supervisión y establece el régimen sancionador nacional. AESIA desempeña un papel central y actúa como punto de contacto único, aunque comparte el marco de vigilancia con otros organismos competentes según el ámbito afectado.

Qué debería poder acreditar una empresa

Ante este escenario, el cumplimiento requiere algo más que disponer de un certificado de asistencia a una formación. Resulta relevante conservar evidencias sobre qué personas han recibido capacitación, qué contenidos se han abordado y cómo se ha adaptado la formación al conocimiento previo, las funciones desempeñadas y el contexto de utilización de la inteligencia artificial.

Booster, compañía especializada en soluciones de IA para equipos y Recursos Humanos, ha desarrollado una infografía sobre el IA Act que resume las principales implicaciones de la normativa y facilita una primera aproximación a sus exigencias.

La prioridad para las organizaciones no pasa por adoptar una perspectiva alarmista, sino por revisar cómo se utiliza realmente la inteligencia artificial dentro de la empresa y documentar las medidas adoptadas. El avance de la normativa española refuerza una realidad que ya existe a escala europea: la alfabetización en IA forma parte de las obligaciones que las empresas deben incorporar a su gestión cotidiana.

Fuente: Emprendedores de Hoy